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El Golpe del 30

El 6 de septiembre de 1930 se dio el primer golpe de Estado en la Argentina y marcó el inicio de una nueva época en nuestro país caracterizada por una alternancia en el poder de gobiernos civiles y militares. Los golpes de Estado constituyeron una nueva forma de restringir la participación ciudadana marginando a la totalidad de los ciudadanos, a diferencia de lo que sucedía previo a 1916 durante el régimen conservador, donde el derecho a voto estaba restringido sólo a un sector de la sociedad.

El golpe fue encabezado por el general José Félix Uriburu, director del Colegio Militar, junto a un pequeño grupo de efectivos y gran parte de la población civil, que no sólo no cuestionó el golpe sino que se volcó a las calles para apoyarlo. Dentro de algunas las causas, se pueden mencionar, la crisis económica y política, la mala relación con los militares, la edad avanzada del líder, y hasta la cuestión petrolera.

Según el historiador David Rock, el golpe fue una restauración conservadora, pero sin necesidad de volver a 1880, que destruyó al yrigoyenismo y a sus círculos políticos de clase media, logrando que ésta retrocediera y ocupe un lugar subordinado, dejando de lado los logros obtenidos durante el gobierno de los radicales.

El 10 de septiembre el general Uriburu fue declarado presidente provisional de la Nación mediante una acordada de la Corte Suprema de Justicia y como sucede en todos los golpes, se tomaron algunas medidas como disolver el Congreso, declarar el estado de sitio y se intervino todas las provincias.

El golpe del 30 tenía dos alternativas, por un lado, la que proponía Uriburu de hacer una profunda reforma constitucional que terminara con el régimen electoral y el sistema de partidos, e implantar un régimen de representación corporativa, y por otro lado, la del Agustín P. Justo que proponía un gobierno provisional que llamaría a elecciones en tiempo prudencial. Finalmente, triunfa la postura de Justo, que es elegido presidente mediante lo que se llamó “fraude patriótico”, inaugurando lo que se conoció como “década infame”.

(El fraude patriótico consistió en todo tipo de acciones para impedir la voluntad popular, como retención de libretas de enrolamiento por los patrones o empleadores y usarlas a discreción por gente de su confianza, control de votos, otorgamiento de “favores” y hasta amenazas. Tal era la situación de fraude que hasta Federico Pinedo, ministro de Justo, planteaba en 1932 que “no hubo engaño ni ocultación de la verdad, sino ostensiblemente sustitución de resultados electorales por otro”).

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